Language
Language
< volver a noticias

La relevancia del diálogo: más allá de la licencia social para operar

por Nigel Wight y Francisca Rivero, Investigadores en Relacionamiento Comunitario
Publicado el 10 de enero 2020

(English version below)

La crisis social y política que vive Chile, y que se desencadena fuertemente a partir del 18 de octubre de 2019, ha reactivado la relevancia y necesidad del diálogo. El diálogo juega un rol fundamental, por ejemplo, entre grupos sociales que quieren expresar sus demandas o proponer sus ideas en vistas de un cambio constitucional, o entre diversos sectores políticos que intentan alcanzar acuerdos que beneficien a los y las ciudadanas. El “diálogo» vuelve a resonar como una de las principales herramientas para abordar conflictos sociales.

Uno de los aspectos claves a trabajar al momento de diseñar espacios de diálogo exitosos, es la “desconfianza” que aún existe hoy en día por parte de aquellas comunidades que están siendo más afectadas por las mineras. Hacernos cargo de esta realidad es imprescindible si queremos avanzar hacia la construcción de faenas mineras realmente sustentables. Anthony Hodge, ex-presidente del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés) escribió en el 2014 sobre la paradoja que vivía la industria minera y cómo diferentes estudios reflejaban las actitudes negativas de “desconfianza” por parte de las comunidades hacia la industria. Esto fue 12 años después del informe Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development (2002), el cual reveló que la industria, aun cuando es capaz de traer beneficios económicos a nivel nacional y local, al estudiar el impacto social de las 9 empresas mineras más grandes del mundo, los resultados no fueron favorables. La alta desconfianza de las partes interesadas y las amenazas constantes por diversos grupos de oposición, la inequidad y creciente brecha de desigualdad entre los recipientes de beneficios, fueron aspectos graves que la industria debió atender de manera estructural.

Conceptos como participación ciudadana, licencias sociales para operar, desarrollo comunitario lograron rápidamente renombre entre los departamentos de relaciones comunitarias de las mineras. Hodge notó que, aun así, las comunidades ya no estaban dispuestas a aceptar sin cuestionamientos aquellas medidas impuestas por la industria o el gobierno que restringen o limitan la oportunidad de decidir libremente sobre el desarrollo de su futuro.

En la búsqueda por reducir tensiones, el desafío es cómo alcanzar un consenso mutuo entre el sector minero y las comunidades.  Los esfuerzos unilaterales y cortoplacista por construir relaciones comunitarias no harán más que dañar las relaciones de “confianza” entre las partes. Según Hodge, las diferencias en muchos casos surgen cuando “no se han encontrado puntos en común establecido entre los diferentes valores que posee una comunidad, la mina adyacente, el pueblo indígena impactado o un gobierno nacional” (Hodge, 2014, p30).

Un punto de inflexión en este tema es el uso que le ha dado la industria minera al concepto “licencia social para operar”. Estructura ampliamente utilizada por la industria, es un concepto que se encuentra cada vez más criticada hoy en día por la academia. Esta “licencia” más allá de reflejar una serie de estándares de calidad predefinidos, está lejos de reflejar la urgencia de una participación comunitaria respetada y debidamente escuchada. Si bien se entiende como una metáfora, la licencia social en sí misma es una indicación de cómo las empresas eligen, o no, cumplir con las expectativas de las partes interesadas.

Aquellos directamente impactados por las faenas mineras, no piensan en la licencia social. Sus preocupaciones se asocian al bienestar, supervivencia, oportunidades de trabajo, impactos en sus recursos básicos como el agua limpia y las tierras, la contaminación de el ruido, polvo y población flotante, patrimonio, y cultura, entre otros. Piensan en su calidad de vida después de la mina. Detenernos a pensar en sus preocupaciones reales, su calidad de vida antes y después de la operación, es comenzar a tomar consciencia, es comenzar a hablar de dignidad y de respeto. Aspectos claves para un proceso de “diálogo” exitoso y genuino, que sienta las bases para la construcción de relaciones a largo plazo. Este es un aspecto fundamental identificado por los investigadores John Owen y Deanna Kemp del Centro para la Responsabilidad Social en Minería, SMI-UQ, Australia en la identificación de posibilidades de un desarrollo territorial realmente sustentable.

El diseño de un sistema de diálogo genuino y exitoso deberá ser un proceso exhaustivo, incluyendo todas las mejoras, adaptaciones y cambios que se requieran para realmente obtener más allá de un documento de diseño, un sistema vivo de actores, instituciones y procesos que ayuden a la creación de espacios legítimos de debate mutuo, resolución de problemas, y la identificación de posibilidades.

Si la industria minera quiere realmente generar un cambio hacia procesos de diálogo exitosos, más allá de un marco normativo externo a la empresa, la implementación de los diálogos va a implicar cambios internos importantes y conscientes. Esto implica no sólo ocuparnos de desarrollar capacidades en las comunidades para el diálogo, si no que también implica que el sector reconozca los nuevos desafíos en el relacionamiento de las partes, y realice los cambios internos que probablemente se requerirán para lograrlo.

Dentro de cualquier marco de diálogo que consensuemos como industria, los temas claves de un conflicto social no se van a presentar en términos de licencia social, sino en términos de vivir en un entorno libre de contaminantes, de mayor justicia social, de respeto, y de una participación deliberante. Es importante que las empresas se posicionen en el corazón de ese debate.

Nuestro actual escenario cambiante exige que las empresas se centren cada vez más en contribuciones positivas a largo plazo que promuevan el desarrollo de las comunidades, en lugar de enfocarse en aspectos técnicos de mitigación de impactos más fácilmente cuantificables. El enfoque transaccional fomentado desde una perspectiva de una licencia social, priorizando la continuidad operacional de la empresa por sobre las expectativas más amplias de los territorios impactados, limita las posibilidades de construir relaciones sustentables para estos proyectos, tanto durante la vida operacional de la mina, como después del cierre. Para tener un diálogo realmente constructivo y simétrico, la industria minera debe pensar cómo quiere agregar valor a sus comunidades, pero basándose en el diálogo abierto y honesto con ellas, en el encuentro sin condiciones, dispuestos a enfrentar los desafíos que vendrán tanto en tiempos de calma como en momentos de crisis, como el que vivimos actualmente.

ENGLISH VERSION

The social and political crisis that Chile has been living through since October 18, 2019, has renewed the relevance and the need for dialogue. Dialogue plays a fundamental role, for example, among social groups who want to express their demands or propose their ideas in light of a constitutional change, or among diverse political sectors trying to reach agreements of benefit to a nation’s citizens. “Dialogue» once again resonates as one of the primary skills to address social conflicts.

One of the key aspects to work on when designing the spaces necessary for successful dialogue is to acknowledge that distrust still exists amongst those communities that are most affected by the activities of mining companies. Dealing with this reality is essential if we want to move towards truly sustainable mining operations. In 2002, nine of the world’s largest mining companies commissioned the report Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development. While the report demonstrated an industry with the capacity for bringing economic benefits at the national and local levels, findings regarding many of the localised, negative social impacts were not favourable. High levels of distrust among the interested parties and the constant threats by various opposition groups, the inequality and the growing gap between the recipients of benefits, were serious aspects that the industry had to address in a structural way.

Concepts such as citizen participation, social license to operate, and community development quickly achieved popularity within the community relations functions of mining companies. The paradox here, as noted by Hodge, was that despite industry uptake of these concepts, communities were no longer willing to accept without question the measures imposed by industry or government that restricted or limited their opportunity to freely decide on the development of their territories, of their futures.

In the quest to reduce tensions, the challenge becomes how to reach a mutual consensus between the mining sector and the communities. Unilateral and short-term efforts to build community relations will only damage the relationships of trust between the parties. According to Hodge, differences in many cases arise when “no common points have been found to be established between the different values that the community, the adjacent mine, the impacted indigenous people or the national government have” (Hodge, 2014, p30).

A turning point on this issue is the meaning and use that the mining industry has given to the concept «social license to operate». An idea widely used by industry, social license to operate is an approach that is today increasingly criticized by academia. This «license» more than reflecting a series of predefined indicators of the industry’s standards of service delivery to communities, falls short of reflecting the urgency for community participation processes that are respected and heeded by companies. While it is understood as a metaphor, social license itself is an indication of how companies choose, or not, to understand and meet the expectations of impacted parties.

Those directly impacted by mining operations do not think about social licence. Their concerns are linked to wellbeing, survival, job opportunities, impacts to basic resources such as clean water and land, noise and dust pollution, floating population, heritage sites, culture, among others. They think about their quality of life after the mine. To stop and think about their real concerns, quality of life before and after the operation, is to begin to become aware and to begin to talk about dignity and respect. These are key aspects for a successful and genuine “dialogue” process, which establishes the foundations for the construction of long-term relationships. This is a fundamental aspect identified by researchers John Owen and Deanna Kemp from the Centre for Social Responsibility in Mining, SMI-UQ, Australia in the detection of possibilities for territorial development that is truly sustainable.

The design of a genuine and successful dialogue system should be a thorough process, which includes all the improvements, adaptations and changes required to really obtain, beyond a design document, a live system of stakeholders, institutions and processes that aids in the creation of legitimate mutual debate spaces, problem resolution, and the detection of possibilities.

If the mining industry really would like to make changes toward successful dialogue processes, beyond policy frameworks external to companies, the implementation of dialogue will imply important and conscientious internal changes. This means that we not only need to take on the development of community capacities for dialogue, but also the sector must acknowledge the new challenges in the relationships with stakeholders, and to make internal changes that will probably be required for this to be achieved.

Within any dialogue framework that is agreed upon as an industry, the key issues of any social conflict will not be made visible in terms of social license, but in terms of living in an environment free of contaminants, of greater social justice, respect, and deliberate participation. It is important that companies position themselves at the heart of this debate.

Our current changing scenario demands that companies focus on positive contributions in the long term, which promote the development of communities instead of focusing on technical aspects to mitigate impacts that are easily quantifiable. The transactional approach promoted by the concept of “social license” prioritizes operational continuity for the company over broader expectations from the impacted territories. It limits the possibilities of building sustainable relationships for these projects, both during the operational life of the mine, as well as after closure. To have a truly constructive and symmetrical dialogue, the mining industry must think about how it wants to add value to its communities, but based on an open and honest dialogue with them, in a meeting without conditions, open to face the challenges that will come both during the times of calm and of crisis, as those we are currently living in Chile.

Noticias relacionadas